Estudiantes marroquíes a las puertas del Rectorado de la Universidad de Sevilla / Fotografía de Raúl Solís

Los quieren echar del sistema universitario en el ecuador de sus carreras. En Marruecos, el bachillerato caduca a los dos años y no tendrán la posibilidad de retomar los estudios en su país de origen ni de pagar los 7.000 euros que costará matricularse en la universidad española. El precio de las matrículas que tendrán que abonar quintuplica la renta per cápita de Marruecos. El ministro Wert justifica la medida en la “estabilización presupuestaria” pero la verdad es que la presencia de los estudiantes extracomunitarios no disminuirá el recibo eléctrico, ni el personal de limpieza, docente o administrativo de las universidades españolas, tampoco el profesorado cobrará más por no dar clases a Rania, Omar, Michael, Abdelaali o Ismael, ni el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los edificios universitarios será más barato porque ellos no estén.

Para Abdelaali Bariki, estudiante de Farmacia nacido en Kenitra y líder del colectivo Azarquiel, que aglutina a los universitarios marroquíes en España, “lo llaman ahorro cuando quieren decir racismo”. Ismael Ouzzanni y Omar Tassi, estudiantes de Farmacia e Ingeniería Aeronaútica, respectivamente, estudiaron el bachillerato español en un centro español financiado con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sus bachilleratos son incompatibles en Marruecos y “nos sentimos españoles porque estamos educados en español”. Omar, por si fuera poco, cursa una titulación que no existe en Marruecos, por lo que de ser expulsado quedará atrapado en mitad de la nada. Tampoco pueden trasladar sus matrículas a otros países europeos porque el plazo de prescripción está cerrado.

Sólo en Marruecos están 11 de los 22 centros educativos españoles repartidos por el mundo, financiados por el Gobierno de España y gestionados por funcionarios españoles. España admitió en sus institutos extranjeros a estudiantes que ahora son deficitarios. Coloniales, sí; solidarios, no. En este sentido, Ismael plantea que “si no quieren aceptar a nuevos marroquíes que no los acepten, pero los que estamos aceptados no podemos ser expulsados a mitad de camino”.

Rania Ben Sai, natural de Chaouen, estudia Dirección y Administración de Empresas en la Universidad de Sevilla. Estudió en un colegio público marroquí y cursó durante un año la preparatoria para la selectividad española en un centro educativo español: con profesores y personal español. Pagó unos 2.000 euros gracias a un préstamo personal. Rania se enamoró de la cultura andaluza desde que vino a Andalucía, en su adolescencia, con su asociación Somos Mediterráneo. Desde entonces, “soy embajadora de España en Marruecos y de Marruecos en España, soy hija de las dos culturas”. La abuela de Rania era cordobesa aunque nunca pisó Córdoba. Rania forma parte de los más de tres millones de descendientes de moriscos andalusíes que fueron expulsados con el decreto de Felipe III en 1609 y que aún conservan apellidos, nombres y las llaves de las casas en las que vivieron sus antepasados andalusíes.

Rania es una joven “revolucionaria” que no aceptará que sus padres se hipotequen para que ella pueda terminar sus estudios en España. En caso de que entre en vigor el Real Decreto 14/2012, se volverá a Marruecos porque “mi dignidad no es hipotecable”. La familia de Rania es la débil clase media marroquí que sin ser muy pobres, “tampoco somos ricos ni hijos del régimen”.

Los universitarios extracomunitarios denuncian que las universidades españolas fueron a sus países a promocionar las “facilidades” de estudiar en España. “Todas las universidades fueron a nuestros institutos a vendernos las comodidades de estudiar aquí”, denuncia Omar Tassi, que sacó sendas matrículas de honor en selectividad y en el bachillerato español que cursó en Tánger. “Omar en Francia estaría siendo becado con 1.400 euros mensuales y su matrícula en la universidad pública no ascendería a 200 euros”, asegura Ismael, para quien el Real Decreto 14/2012 es “una derrota cultural más racista que ahorrativa”.

Las condiciones que exige el Gobierno español para expedir los visados de estudiantes son leoninas. Obligan a las familias de los estudiantes a que garanticen que enviarán entre 600 y 700 euros mensuales y la contratación de un seguro privado de salud. Algo que todos los estudiantes marroquíes cumplen escrupulosamente, a base de préstamos que cuestan la mitad del sueldo de sus familias, y “es riqueza que dejamos en España”, dice Omar. A pesar de cumplir con todos los requisitos, Rania lleva esperando la renovación del permiso de residencia desde marzo, lo que le hace sospechar que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores están ralentizando los visados para poderlos expulsar con “más facilidad”. Rania denuncia que “se ha cambiado el racismo blanco-negro por extracomunitario-no comunitario”.

Los jóvenes extracomunitarios están integrados plenamente en el movimiento estudiantil andaluz. Forman parte de la lucha contra el ‘Decreto Wert’ y participan, junto a sus compañeros de aula, en todas las acciones de protestas para intentar derogar la elitización económica de la Educación Superior. La última esperanza para Ismael, Rania, Omar, Michael o Abdelaali es que, finalmente, se revoque el decreto que los expulsa de su futuro. Cuentan con la solidaridad de sus compañeros españoles que consideran que la medida va en contra de la internacionalización de la universidad y es “racismo enmascarado en el dogma del déficit”..